En la administración pública ‘nadie está por encima de la ley. Nada justifica esa falta’.
Asi resume el excontralor Alvin Weeden el último incidente registrado en la ahora Dirección de Asistencia Social (DAS), donde se han vuelto a fraccionar facturas para evadir los controles administrativos
Tanto el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu, como Rafael Stanziola, director del DAS, ‘cometieron abuso de autoridad, mediante la ursupación de funciones públicas y tienen que rendir cuentas’, añadió el exfuncionario.
A su vez, el contralor Federico Humbert nunca debió haber refrendado las compras, ni por insistencia, si ya había identificadao irregularidades.
Las declaraciones del exfuncionario se producen por la investigación abierta por las compras fraccionadas y sin refrendo para el programa Techos de Esperanza del Miviot, a través del PAN, durante la gestión del presidente Juan Carlos Varela.
Humbert, que rechazó previamente las compras, las aprobó posteriormente por el proceso de insistencia, en el que la junta directiva del PAN se hace responsable.
El excontralor asegura que el funcionario tenía que apegarse a los artículos 1164 y 1165 del Código Fiscal, que establecen ‘que cuando el Contralor General de la República impruebe un desembolso de fondos del Tesoro Público, ordenado por un acto administrativo, suspenderá el pago’.
‘Si el Ministerio de Hacienda y Tesoro, o el funcionario o entidad que haya decretado el pago insistieren en éste, el Contralor General de la República enviará el caso a la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que lo resuelva sobre la procedencia del pago’, cierra el artículo 1165.
Humbert, por su parte, reconoció que ‘hubo errores de forma, sí; de dolo, no’ porque los precios eran competitivos en el mercado, pero la forma en que se habían hecho las compras era incorrecta.
En una entrevista para una televisora local, el contralor explicó que cuando se envía algún proyecto, la Contraloría puede rechazarlo por razones legales o económicas. Y si luego de esta decisión las juntas directivas de las instituciones envían algo por insistencia, la Contraloría tiene la oportunidad de refrendarlo o mandarlo a la Corte.
Weeden explicó que en esta decisión Humbert se apegó a la Ley 32 de 1984, pero tenía que haber aplicado el Código Fiscal.
Entre agosto y diciembre de 2014, el PAN gestionó compras por $15 millones para el Miviot, que hoy están sujetas a un proceso de investigación en el Ministerio Público.
En el marco de esta investigación, el ministro del Miviot, Mario Etchelecu, se presentó ayer ante el Ministerio Público para atender los cuestionamientos de las autoridades.
Etchelecu expresó su interés en brindar toda la información y documentación que se requiera para esclarecer el recién abierto proceso judicial. El ministro fue atendido directamente por la procuradora, Kenia Porcell, y el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño.
Por su parte, la procuradora Porcell, a través de un comunicado de prensa, aclaró que en esta investigación resulta necesaria la auditoría de la Contraloría General de la República, a la que se está girando una solicitud.
Una auditoría de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) confirmó división de materia en la compra de materiales y equipos de construcción para el programa social de vivienda del Miviot, Techos de Esperanza.
El ministerio sostiene que los contratos son del PAN, actual DAS.
Vía: La Estrella de Panamá
